Terremoto en Casa Milan

Ayer, la Guardia di Finanza se presentó en la sede del club rossonero, en virtud del decreto de registro firmado por los fiscales adjuntos Giovanna Cavalleri y Giovanni Polizzi. Al mismo tiempo, la Fiscalía de Milán entregó información de garantía a cuatro sospechosos: Giorgio Furlani, actual consejero delegado del Milan; Ivan Gazidis, consejero delegado del Diablo de 2018 a 2022; Daniela Italia y Jean Marc McLean, consejeros de Elliott en el consejo de administración de Project Redblack, la sociedad luxemburguesa utilizada en el momento (2017) del préstamo a Yonghong Li y posteriormente titular de las acciones del club, al menos hasta la venta a RedBird.

Una venta, según los magistrados milaneses, nebulosa y poco transparente, tanto como para plantear la hipótesis de que, a todos los efectos, “el fondo Elliott conserva actualmente el control sustancial del Milan”. ¿Y de qué se acusaría concretamente a Furlani y Gazidis? La acusación se encuentra en el artículo 2638 del Código Civil, que se refiere a la obstrucción de las funciones de las autoridades públicas de control. En este caso concreto, la Federación de Fútbol.

Como consejeros delegados, siempre según el escrito de acusación, ambos “expusieron hechos materiales que no eran ciertos y, en todo caso, ocultaron por medios fraudulentos, total o parcialmente, hechos que deberían haber comunicado, relativos a la situación económica, patrimonial y financiera de la estructura de propiedad de la empresa”. En la práctica, en las comunicaciones oficiales a la FIGC, firmadas en su día primero por Gazidis y luego por Furlani, no se habría facilitado información completa y veraz sobre la propiedad del Milan, omitiendo, por ejemplo, que en la cúspide de las estructuras societarias que supuestamente controlan el club no están RedBird ni Gerry Cardinale, sino la sociedad Rb Fc Holding Genpar Llc, con sede en la misma dirección de Delaware (USA), que King George Investments Llc y Genio Investments, accionistas mayoritarios del Proyecto Redblack de Elliott. Sobre este hecho, sin embargo, Casa Milan señala que la misma dirección se refiere a un gigantesco conglomerado de empresas diferentes (tres mil empresas), obviamente no todas referibles a la galaxia Elliott.

La pregunta básica siempre permanece: ¿a qué club pertenece realmente el Milan? Para la Fiscalía de Milán, la respuesta parece ser Elliott y no RedBird, también debido a la naturaleza de la venta a través del llamado “préstamo vendedor” (el préstamo del propio vendedor) que “garantiza a este último fondo de inversión la propiedad de una parte de la empresa”. Fue precisamente a partir de una denuncia sobre la venta del Milan, presentada en septiembre de 2022 por Blue Skye, cuando los investigadores empezaron a poner bajo la lupa la transición de Elliott a RedBird.

Blue Skye es la sociedad luxemburguesa que en 2017 había ideado, junto a Elliott, la operación financiera para la concesión del préstamo a Li, ejecutando posteriormente la prenda del Milan a través del Proyecto RedBlack. En el momento de la venta a RedBird, Blue Skye fue supuestamente destituida, como accionista minoritaria de Project Redblack, sin un acuerdo unánime de todos los miembros del consejo de administración.

De ahí la denuncia, seguida de la investigación en curso de la Fiscalía de Milán, con el registro de Casa Milan y la inspección de dispositivos (teléfonos, PC) y locales (oficinas, residencia) a disposición de Furlani y Gazidis. La actuación de la policía, como se subraya en el propio decreto, fue especialmente rápida, existiendo “particulares razones de urgencia debido a la posibilidad de que las cosas objeto de la infracción o pertenecientes a ellas, puedan estar dispersas, también en relación con una posible actividad de cancelación de las mismas”.

Por supuesto, ayer también hubo respuestas tanto del Milan como del fondo Elliott. “En relación con el registro que ha tenido lugar hoy en sus instalaciones, la sociedad Ac Milan aparece como tercera y ajena a los procedimientos en curso que pertenecen a la adquisición de la misma, finalizada en agosto de 2022”. La defensa de Furlani se centrará, sin embargo, en la absoluta transparencia y corrección de la información proporcionada a la FIGC (incluso en el caso, indicado en el decreto, en el que se hace referencia a una venta no comunicada del club en mayo de 2022, cuando en realidad sólo se había firmado una venta preliminar).

Mientras que ayer por la tarde un portavoz de Elliott aclaró. “Tomamos nota de las noticias sobre investigaciones que implican al actual y al anterior director general del Milan en relación con la acusación de que el club todavía pertenece a Elliott y que esto se ha ocultado a la Asociación de Fútbol. Esta acusación es falsa. El Milan fue vendido a RedBird el 31 de agosto de 2022. A partir de esa fecha, Elliott ya no tiene ninguna participación accionarial ni control sobre el Milan”.

PIF TENDRÁ EL 41,7% DE LAS ACCIONES

La idea de un Milan global, es decir, con la propiedad repartida entre América y Oriente Medio, no fue una indiscreción periodística. En el decreto de búsqueda contra los cuatro sospechosos, la realidad emerge en detalle. Números negros sobre blanco, el fondo Pif señalado como el inversor destinado a entrar en la propiedad del club. En un documento concreto (“Ac Milan Investor Presentation”) se hace referencia a un financiero, Pif, al que iría “el 41,7% de las acciones mediante la recompra del 80% del Vendor Loan por 487,5 millones de dólares”.

Hacen falta dos precisiones: Pif, el fondo soberano de Arabia Saudí, tiene un patrimonio neto de 861.000 millones de dólares (10.000 millones de ellos gestionados en RedBird) y el objetivo de alcanzar el billón de dólares a finales de 2025 a través de inversiones en diversas áreas económicas del reino. En 2021, Pif se hizo con el Newcastle por 350 millones de euros y controla los cuatro grandes clubes de la Saudi Pro League. Dos: el Vendor Loan es un préstamo de 550 millones, reembolsable en tres años con un tipo de interés del 7%, que RedBird recibió de Elliott; significa que Cardinal, a finales de 2025, tendrá que devolver al fondo de Singer unos 665 millones, intereses incluidos. La parte que Pif habría tomado de Elliott se habría convertido en capital -una posibilidad que no aparece en las escrituras-, lo que convertiría al gigante saudí en el segundo accionista de Milán.

Otras acusaciones de la escritura de registro que afectan al Milan son las que ven a Gazidis y Furlani interfiriendo con la Figc y la Uefa. Instituciones que verifican la solvencia financiera de quienes controlan los clubes y deben ser informadas de los cambios en la propiedad. El Milan no sería tan puntual. “El 27 de mayo de 2022, en la resolución por la que se aprueba el informe trimestral del Ac Milan comunicado a la FIGC, no se menciona la circunstancia de que justo el día anterior, 26 de mayo, se había firmado un precontrato de compraventa”.

Además, la Fiscalía “analizó la estructura societaria del comprador facilitada a la junta del Milan tras el cierre el 31 de agosto de 2022 y la comparó con la comunicada a la Figc el 15 de septiembre de 2022 revelando diferencias significativas”. Para llegar a “la hipótesis de que el fondo Elliott conserva el control sustancial de la empresa en la que la autoridad de supervisión Figc habría sido representada la transferencia real de las propiedades a favor de RedBird”, en general, “con una comunicación no exhaustiva y transparente a la Figc”. Esto podría acarrear consecuencias como multas o sanciones.

Circunstancia que, de establecerse, entraría en conflicto con la normativa de la Uefa. “Daría lugar a un conflicto de intereses, ya que el fondo Elliott parece tener una influencia dominante sobre otro club de fútbol francés, el Lille, inscrito en las mismas competiciones europeas que el Milan. El control sobre los dos clubes infringiría lo dispuesto en el artículo 5 del reglamento de la UEFA sobre competiciones continentales, que impide que un mismo sujeto ejerza control o influencia sobre más de un club inscrito en competiciones europeas”.

¿El capital de quién? De nuevo del auto: “Las acciones del Milan fueron supuestamente adquiridas a través de la Footballco Intermediate Cooperatief con capital aportado por fondos gestionados por RedBird. La propia RedBird había destinado unos 600 millones a la compra de acciones del Milan y que de esta cantidad, unos 200 millones serían aportados por Kaiser Permanente, un consorcio médico estadounidense con sede en Oakland, California; el resto, 400 millones, por otro fondo privado gestionado por RedBird…”. En otras palabras, parece darse la circunstancia de que la mayor parte del capital utilizado para la compraventa del Ac Milan procedía de un vehículo societario ajeno a RedBird”.

LAS POSIBLES SANCIONES PARA EL CLUB

La pregunta que rebotaba ayer tanto en las tertulias rossoneras como en las redes sociales o en los bares era más o menos siempre la misma: ¿qué pasa ahora en el Milan? Lo primero que hay que dejar claro a la hora de aventurarse en este tipo de respuestas es que estamos sólo al principio de una historia que -tanto para la justicia ordinaria como para la deportiva- será larga y que de momento no hay certezas. Pero también es cierto que las consecuencias ‘sobre el terreno’ de la investigación de la Fiscalía de Milán sobre Gazidis y Furlani serán probablemente pesadas.

Ambos, antiguo y actual consejero delegado del club rossonero, están acusados de “obstrucción al ejercicio de las funciones públicas de la autoridad de control”, es decir -como también se especifica en el decreto de registro firmado por los sustitutos Cavalleri y Polizzi- la FIGC. Por lo tanto, la Fiscalía Federal abrirá un expediente y solicitará inmediatamente al Milan la obtención de los documentos, para luego establecer si hay motivos para proceder. Veamos por tanto los posibles cargos y las consiguientes sanciones a las que se arriesgan los rossoneri en Italia y en Europa.

La posible alteración de la información sobre la propiedad por parte del club supondría la violación del artículo 32, apartado 5, del Código de Justicia Deportiva, que castiga “al club que no cumpla las obligaciones de comunicación y archivo en los plazos establecidos por las disposiciones federales sobre el control de los clubes profesionales o la admisión a los campeonatos profesionales o la expedición de licencias de la FIGC”. Las posibles sanciones, que como es sabido dejan un amplio margen de maniobra a la Fiscalía y a los jueces, van desde una multa hasta la penalización con puntos en la tabla de clasificación.

Además, podría añadirse o impugnarse como alternativa el apartado 1 del artículo 31, relativo a las infracciones de gestión y económicas: “La no presentación, alteración o falsificación material o ideológica, incluso parcial, de los documentos solicitados por los órganos de justicia deportiva, por la Comisión de Control de los Clubes de Fútbol Profesional (Covisoc) y por los demás órganos de control de la Federación, así como por los órganos competentes en materia de expedición de licencias UEFA y FIGC, o el suministro de información falsa, reticente o parcial, constituye una infracción administrativa”.

También en este caso, las sanciones van de la multa a la multa coercitiva. El fiscal jefe Giuseppe Chinè, una vez estudiados con la máxima atención todos los papeles adquiridos por la Fiscalía de Milán, podría impugnar también el artículo 4, el que obliga a las empresas y a los directivos a observar “los principios de lealtad, corrección y probidad en cualquier relación de algún modo referible a la actividad deportiva”, mientras que al Milan, en base al artículo 6, se le podría imputar una responsabilidad directa, ya que estamos hablando de dos consejeros delegados: los efectos sobre las sanciones podrían ser, por tanto, los más graves.

Directamente relacionado con la posible infracción en cuestión está también el artículo 20 bis del Noif, que regula las “Adquisiciones y transmisiones de participaciones en el ámbito profesional”. Aquí también emerge el papel supervisor de la Co.A.P.S. – Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Comisión de Adquisición de Participaciones Sociales), un organismo sin valor publicitario (a diferencia del Covisoc) delegado para verificar los requisitos de los nuevos compradores.

Las sanciones por una alteración de este tipo de documentación están expresamente contempladas en el citado artículo 32 del Código de Justicia Deportiva: los apartados bis a octies, en función de cómo se defina la infracción, definen el número de puntos de sanción a otorgar, que, entre otras cosas, también pueden ser acumulativos. En resumen, el resumen de esta larga lista de artículos y normas es simple: el riesgo de penalización es muy elevado, pero en esta fase es mejor ser prudente.

La situación en Europa no es mucho más tranquila. Si, como afirman los fiscales, Elliott, que también tiene una influencia dominante en el Lille, sigue detrás del Milan incluso después de 2022, podría haber una violación del artículo 5 del reglamento de la Uefa, el de “integridad de las competiciones y tiempo compartido”. Pero el hecho de que la temporada pasada los franceses no se clasificaran para las competiciones de la Uefa, mientras que este año los rossoneri hicieron la Champions y la Europa League y el Lille la Conferencia -excluyendo así cualquier posibilidad de encontrarse o condicionarse mutuamente- reduce el riesgo de sanción a casi cero.

El verdadero problema es otro y podría surgir en caso de que la justicia deportiva italiana certifique la alteración de la documentación aportada a la FIGC. A la UEFA, muy atenta a la transparencia, seguro que no le haría ninguna gracia: el artículo 4 del mismo reglamento trata de los “Procedimientos y criterios de admisión”, y si en ellos se falsificara o tergiversara algo, podría acarrear incluso una durísima exclusión de las competiciones europeas. Ahora, sin embargo, hay que esperar a que este complejo y delicado